Se ira Calderon sin reforma a la Ley de medios.

Congreso tímido para legislar en la materia, responde a presiones de los grupos mas importantes de radio y television en el pais.

La Ley Federal de Radio y Televisión en México data de 1960. Es una legislación muy antigua y por tanto obsoleta ante los cambios que se están dando y las nuevas necesidades del país. Esta legislación ha sufrido modificaciones importantes en rubros específicos, aunque no ha tenido una reforma integral como se requiere. Algunas de esas modificaciones han sido muy cuestionadas por la sociedad mexicana, como las reformas que se le hicieron en 2005, presuntamente promovidas por Televisa, para favorecer sus intereses. En ese año la empresa que controla las principales cadenas de televisión, radio y medios impresos en el país, habría propiciado que casi todos los diputados federales votaran de fast track y sin mayor análisis los cambios a la legislación en materia de medios electrónicos en México. Esta Ley sigue siendo inadecuada porque no garantiza el acceso de la sociedad a la radiodifusión, por el contrario los cambios promovidos por Televisa alejan más la posibilidad de la participación social de los mexicanos en la radiodifusión. En la Ley, con todas las modificaciones que se le han hecho, aun no se contemplan las radios universitarias, indigenistas o comunitarias como tales. Claro, sería imposible otorgarle una frecuencia de radio a cada mexicano, pero sí se le puede otorgar permisos a ciudadanos que tengan una trayectoria en el ramo, a instituciones públicas o privadas para que de manera organizada contribuyan a fortalecer la libertad de expresión y el derecho a la información y que deseen utilizar la radiodifusión para la consecución de sus objetivos sociales específicos.

Creo que no se trata de nacionalizar los medios de comunicación ya existentes como hizo Hugo Chávez en Venezuela, sino de garantizar plenamente a los mexicanos  sus derechos a la información y a la libertad de expresión, de expresarse en sus  diversas lenguas y de difundir sus manifestaciones artísticas y culturales; en suma, se trata de reconocer que hay una audiencia diferente que quiere nuevos productos en las señales de radio, y que además hay ciudadanos, organizaciones e instituciones que tienen un pleno derecho a un medio de comunicación como es la radio; que no sea el dinero de los Salinas, de los Azcárraga o de Slim los que delimiten el derecho de los demás mexicanos a expresarnos de manera diversa. No hay razón para no abrir el abanico de opciones, no hay razones para no garantizar la competencia, la libre concurrencia de operadores, la inversión tanto pública como privada. Se ha dicho hasta el cansancio que se debe promover la competencia, que la competencia eleva la calidad de los servicios, que redunda en beneficio de los usuarios, que genera inversión y crea empleos, pero en la práctica tal pareciera que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y la Comisión Federal de competencia (COFECO) actúan para que no haya competencia, y en algunos casos hemos visto como a conveniencia no actúan. De esta forma se privilegia a las empresas dominantes en el mercado. Las prácticas de colusión que se dieron por muchos años con los gobiernos priistas se han seguido dando ahora con el régimen del PAN. Ahí está la tan cuestionada licitación 21, y se ha despertado ya una batalla campal entre operadores de telecomunicaciones por el asunto de las tarifas de interconexión y la televisión de paga, porque el mercado de las telecomunicaciones en México ahora es importante, ya tiene carne el hueso como se dice coloquialmente, por eso muchos empresarios quieren entrarle a la cancha de juego, lo cual está bien porque este país requiere de inversión y generación de empleo. Hay ya una legislación, reciente por cierto-la de telecomunicaciones- pero no se ha podido lograr que los operadores que dominan el mercado entren a un marco de competencia con los demás, que redunde en beneficio de los usuarios. La cancha no está pareja, la tienen acaparada unos pocos, poquísimos operadores, y por el solo hecho de ser quienes ocupan la cancha quieren establecer las reglas de juego, pero esto no puede ni debe ser así, la autoridad debe seguir siendo reguladora y garante de los intereses de la nación y de los consumidores. La autoridad un tanto distante de este asunto lo deja prácticamente en manos de las empresas dominantes.

En este contexto, en el estado de Tabasco se vive actualmente las consecuencias de esta cerrazón institucional del gobierno federal a no otorgar permisos a radios con fines sociales. A pesar de que Tabasco es uno de los Estados del país con un menor número de permisos, la Comisión Federal de Telecomunicaciones no ha resuelto solicitudes de permisos que se han presentado en los últimos años. El órgano regulador no ha resuelto permisos como el de la radio indigena chontal XHNAC, IX Bolom Radio, cuyo permiso fue solicitado en 2008 por el Ayuntamiento de Nacajuca; cuentan ya con instalaciones desde hace algunos años,  pero están en riesgo de echarse a perder ante la falta de funcionamiento, ya que hasta el momento permanecen apagados porque aun no cuentan con el permiso. El proyecto de la radio cultural indigenista Ix Bolom Radio en el municipio de Nacajuca fue financiado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 2008, con mas de tres millones de pesos, pero hasta la fecha permanece fuera del aire porque no han resuelto la solicitud del Ayuntamiento presentada el 8 de abril de 2008. Asimismo, la falta de un marco jurídico adecuado ha provocado en Tabasco la proliferación de Radios de diferentes denominaciones religiosas.

No hay reglas claras y equitativas para el otorgamiento de permisos a radios indígenas, universitarias, religiosas y comunitarias. En el caso de los pueblos indígenas se establece en el Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a tener sus propios medios de comunicación.

Por lo antes expuesto, es necesario incorporar a la legislación vigente las figuras de radios universitarias, indigenistas y comunitarias, que puedan ser autorizadas a ciudadanos, instituciones públicas u organizaciones civiles que demuestren su capacidad técnica y financiera, así como una trayectoria en el ramo o la plena justificación de la importancia de la radiodifusión para la consecución de sus fines sociales.

Los programas de las radiodifusoras del país, particularmente las públicas deben promover nuestros valores nacionales, los valores morales que están tan ausentes hoy en día y están ocasionando la desintegración de las familias, difundir la cultura y las artes, la ciencia, la tecnología, y en general el conocimiento; deben ser una plataforma para el debate de las ideas políticas de todas las corrientes de manera imparcial y equitativa, deben servir de enlace para que los ciudadanos de una comunidad, ciudad o estado se organicen, participen activa y libremente en la solución de los problemas sociales, hasta alcanzar la democratización de los medios de comunicación.

Cualquiera de estos medios bien sean en manos de personas físicas o morales, privadas o públicas, requieren un financiamiento. Todo proyecto, toda empresa requiere un financiamiento. Por qué no permitirles también a las radios públicas obtener patrocinios para lograr que sean autosustentables. Es muy mediocre pedirles que no lo hagan, en aras de otorgar medidas proteccionistas a los empresarios comerciales organizados. Que sea la calidad y el auditorio el que decida la aceptación de la propuesta radiofónica. Particularmente las emisoras que no cuenten con un financiamiento público, es decir aquellas que sean autorizadas a ciudadanos independientes o a organizaciones sociales sin fines de lucro debieran tener esta facilidad de autofinanciarse con patrocinios.

Hay que hacer de los medios públicos una verdadera propuesta alternativa para los  ciudadanos. Ya no sólo queremos escuchar música sino programas de radio hechos con profesionalismo, con creatividad, que explote todos los recursos técnicos, literarios, artísticos, y todos los formatos y géneros; que atienda el verdadero interés público, lo que en verdad es necesario transmitir a la sociedad mexicana, pero que esta propuesta sea al mismo tiempo autosustentable.

Ayer 14 de septiembre de 2011 fue oficialmente inaugurada la XHUJAT, en el 107.3 FM que será la emisora oficial de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Para obtener el permiso la UJAT tuvo que caminar un tortuoso camino de 6 años. Esto solo puede pasar en México, en donde el otorgamiento de permisos y concesiones se siguen haciendo con criterios políticos. A un año que concluya el gobierno de Felipe Calderón no hay posibilidades de que se dé una reforma integral a la Ley de medios que garantice la inclusión de radios universitarias, indígenas y comunitarias. Si bien el ejecutivo puede hacer mucho al respecto hay que señalar que es el congreso el que debe legislar. Pero son tantos los intereses que han impedido a toda costa reformas a la ley de medios que permita la entrada de nuevos operadores, particularmente el duopolio televisivo conformado por Televisa y TV Azteca. Ambos, tanto el ejecutivo como el legislativo han sucumbido a las constantes presiones por parte de los tambien llamados poderes facticos.

El gobierno federal ha tomado recientemente medidas para modernizar la radio y la Televisión. Se decreto el apagón analógico de la televisión en 2015, se adopto el formato IBOC para la radio digital, y actualmente se está migrando a FM todas las emisoras que operan en el país en la banda de Amplitud Modulada que asi lo soliciten. Sin embargo, aun no hay reglas claras para la utilización del espectro que se hara mas eficiente con la digitalización, ni se ha tomado en cuenta el papel que jugaran las radios y televisoras públicas, comunitarias, indígenas o universitarias en esta nueva convergencia tecnológica.

Por último, para garantizar que los medios electrónicos de comunicación cumplan con su función social, independientemente si son comerciales o permisionados, es necesario  fortalecer la vigilancia de los contenidos de la radio por parte de las dependencias que establece la propia Ley Federal de Radio y Televisión, como son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, así como la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia. La SCT debe activar su red de monitoreo en todo el territorio nacional para asegurar que la programación se apegue a lo establecido en las Leyes, porque actualmente pareciera que nadie está vigilando las transmisiones de radio. Esta vigilancia y monitoreo más que ser un medio de control o cacería de brujas, debe ser un instrumento que permita evaluar, controlar la calidad de las emisiones radiales.

Referencias de información:

1.- http://www.tabascohoy.com.mx/noticia.php?id_nota=205043

2.- http://www.tabascohoy.com.mx/noticia.php?id_nota=204870

*Es Licenciado en Comunicación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Maestro en Administración por la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México. Ha sido productor y conductor de programas de radio educativa y cultural. Elaboró el proyecto de radio cultural indigenista XHNAC Ix Bolom Radio para el municipio de Nacajuca en 2007. Se ha dedicado al estudio de la Radiodifusión y su marco legal en México y ha sido un defensor y promotor de la radio con fines sociales.