Isidoro Vázquez
De acuerdo a la propia reforma constitucional en materia
de Telecomunicaciones y competencia económica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Junio de 2013, la ley reglamentaria debería
estar lista a más tardar el 9 de
diciembre de 2013. Sin embargo, fue hasta el
Lunes 24 de marzo de 2014 que el presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, envió al Senado de la República la iniciativa de ley secundaria, reglamentaria en
materia de Telecomunicaciones.
Las reacciones a esta iniciativa no se hicieron esperar. De inmediato
los dirigentes nacionales de PAN, Cecilia Romero Castillo, y del PRD,
Jesús Zambrano Grijalva, rechazaron mediante un pronunciamiento conjunto la
iniciativa del Ejecutivo Federal sobre leyes secundarias en materia de
Telecomunicaciones y Radiodifusión. Afirmando que no contiene el espíritu
de la reforma estructural en la materia aprobada por consenso entre el PRI, PAN
y PRD el año pasado.
La noche del lunes 24, en un acto insólito los presidentes del PAN, Cecilia Romero, y del PRD, Jesús Zambrano, leyeron un comunicado en el cual expresaron la oposición de ambos partidos a la iniciativa de ley del gobierno federal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, presentada siete horas antes en el Senado. Argumentaron que viola la reforma constitucional de 2013 y demandaron una ley “democrática, antimonopólica, cultural y en defensa de las audiencias y de los usuarios”.
La presentación de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto molestó a las dirigencias de ambos partidos. En el PRD todos los grupos que integran las bancadas en las dos cámaras se opusieron, con el argumento de que era una clara violación a la Constitución y confirmaba lo planteado en los “borradores” de la iniciativa que circularon desde febrero.
En el PAN, Santiago Creel y Juan Molinar Horcasitas se reunieron con la presidenta interina del partido para analizar los términos de la iniciativa la tarde del mismo lunes 24. Ambos ex integrantes del Consejo Rector del Pacto por México coincidieron en que violaba lo acordado en la reforma constitucional de abril de 2013.
Varias llamadas y mensajes entre Creel y Molinar, del PAN, y Guadalupe Acosta Naranjo y Jesús Zambrano, del PRD, afinaron los términos del comunicado conjunto y la necesidad de publicarlo ese mismo día.
Mientras Romero y Zambrano leían en el hotel Hilton de la Alameda el rompimiento con la ley de Peña, el presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado, Javier Lozano Alarcón, descalificó esa posición. Dijo que Romero había sido “mal informada”.
En su cuenta de Twitter el legislador panista, promotor de la campaña de Ernesto Cordero por la dirigencia nacional del PAN, afirmó: “Corrección: dirigentes que no han leído el proyecto lo descalifican”.
El martes 25, Lozano en declaraciones a los medios y en su cuenta de Twitter afirmó: “Vaya confusión. Pretende @GustavoMadero dictar línea a los @SenadoresdelPAN sobre Reforma de #Telecomunicaciones. Ya no eres jefe nacional”.
Ningún otro legislador –ni siquiera del PRI– ha defendido en estos días con tal enjundia la iniciativa del Ejecutivo como Lozano.
Incluso maniobró para que el jueves 27 se suspendiera la sesión con los integrantes de las comisiones unidas del Senado –de Comunicación, presidida por él; de Estudios Legislativos, encabezada por la priista Graciela Ortiz, y de Radio y Televisión, por la perredista Alejandra Barrales– para que se tomara un acuerdo con Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Mesa Directiva de la cámara alta para imponer un calendario de consulta de foros, discusión y aprobación de la iniciativa en comisiones y en el pleno. La fecha límite para su aprobación será entre el 23 y el 25 de abril, anunció Lozano.
Su correligionario Javier Corral, con una posición diametralmente opuesta, afirmó que esa decisión era violatoria del reglamento del Senado porque sólo los integrantes de las comisiones unidas pueden tomar ese acuerdo. Barrales afirmó que ella no avalaba el “acuerdo” dado a conocer por Lozano y Ortiz y que este lunes 31 los integrantes de su comisión votarían.
Presiones
La presión de Lozano por aprobar fast track un documento rechazado por los propios dirigentes del PAN y PRD ha molestado a un sector de la bancada panista. Al menos seis senadores que no están alineados con Gustavo Madero ni con Cordero se han reunido con especialistas de distintos sectores y han coincidido en que el contenido de la ley tiene elementos de anticonstitucionalidad, está sesgada a favor de Televisa y permite el control del gobierno federal en el contenido de los medios y las redes sociales.
El activismo de Lozano no es casual. El PRI y el Partido Verde tienen 61 votos y sólo necesitan “cuatro votos o cuatro ausencias” para aprobar por mayoría simple de 65 votos la iniciativa de Peña Nieto. Lozano ha asegurado tener entre 10 y 12 votos “amarrados” de su bancada, confiaron a Proceso varios legisladores. Incluso prometió “uno o dos votos” del PRD.
Lozano fue uno de los cuatro redactores de la iniciativa del Ejecutivo federal, junto con el subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta; el consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, y el estratega jurídico de Grupo Televisa, Javier Tejado Dondé, amigo del panista.
Oficialmente nadie ha reconocido que estos cuatro personajes formaron parte del war room que procesó, redactó y corrigió los borradores que llegaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para dar el toque final a una iniciativa polémica.
La presencia de Lozano entre el equipo de redactores de la Ley de Telecomunicaciones fue una condición impuesta por el grupo de Cordero –quien controla la mayoría de los votos de la bancada del PAN en el Senado– durante la aprobación de la reforma constitucional en materia energética en diciembre de 2013.
Testigos de esta negociación relatan a Proceso que Cordero gestionó con Castillejos y con Luis Videgaray, secretario de Hacienda, para que se incluyera a Lozano en ese equipo.
Priista, panista, zedillista, calderonista y ahora corderista, Lozano se ha caracterizado en los últimos meses por su apoyo a las campañas del Grupo Televisa contra la sociedad entre Grupo Dish y Telmex, contra el extitular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel, ya desaparecida) Mony de Swaan y a favor de aprobar en sus términos la iniciativa.
La cercanía de Lozano con el director de Información y representante legal de Grupo Televisa, Javier Tejado Dondé, le permitió al consorcio de Emilio Azcárraga acceder a información privilegiada durante la elaboración de la iniciativa y defender “los candados” a favor del monopolio televisivo, tal como lo describió Proceso en su edición 1944.
Lozano y Tejado no ocultan sus simpatías y acuerdos. En sus cuentas de Twitter ambos se tratan de “tocayos”, coinciden en criticar a Gustavo Madero, al Pacto por México (que ya desapareció como tal), en el embate contra De Swaan y en identificar a todos los críticos de Televisa como si fueran pagados o enviados por Carlos Slim.
La sincronía entre Tejado y Lozano también se evidenció cuando antes de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitiera la declaración de “agente económico preponderante” contra América Móvil y Televisa el viernes 7, presionaron para que el organismo investigara un supuesto acuerdo secreto de compra-venta entre Carlos Slim y Joaquín Vargas, de MVS, socios en Grupo Dish. Lozano impulsó en el Senado un punto de acuerdo para iniciar esta investigación.
Paradójicamente, como presidente de la Cofetel de octubre de 1998 a marzo de 1999, Lozano fue favorable a la sociedad que entonces tenían Televisa y Grupo Carso en Cablevisión, filial de Azcárraga. Carso llegó a tener 49% de las acciones de esa empresa. Entonces, según Lozano, Slim no violaba la prohibición del título de concesión de Telmex que le impedía participar en el mercado de la radiodifusión.
Lozano también fue investigado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2008 por otorgarle una segunda prórroga a la empresa Unefon, cuando fue presidente de la Cofetel (Proceso 1725).
El caso generó un agrio debate entre Jorge Álvarez Hoth, quien había sido subsecretario de Comunicaciones durante el gobierno de Fox, y Lozano, entonces secretario del Trabajo con Felipe Calderón.
Lozano acusó a Álvarez de haber perdido un litigio ante Unefon (ya propiedad de Ricardo Salinas Pliego) que provocó el pago de 550 millones de pesos a la empresa por “cobro indebido de intereses”, multa impuesta en 1998. Ese pago se realizó el último día de la gestión foxista. Álvarez y la ASF establecieron que ese pago fue consecuencia del otorgamiento irregular de dos prórrogas consecutivas aprobadas por Lozano (Proceso 1626, 1639 y 1642).
Como subsecretario de Comunicaciones y Transportes (1996-1997) y como presidente de la Cofetel, Lozano también abrió paso a la competencia en telefonía móvil. Telefónica, empresa que dirigió Francisco Gil Díaz, amigo y exjefe de Lozano en la Secretaría de Hacienda, fue de las compañías más beneficiadas.
La única empresa del sector que ha expresado públicamente su beneplácito y apoyo a la iniciativa Peña Nieto en telecomunicaciones ha sido Telefónica.
Borrador modificado
La influencia y participación de Lozano y Tejado fue clave en la confección final de la iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones. Hacia finales de octubre de 2013 había un borrador elaborado en la SCT cuya redacción coordinó el subsecretario Ignacio Peralta Sánchez.
Quienes conocieron ese documento indicaron a este semanario que no había un sesgo tan claro en ese primer borrador a favor de Azcárraga. Buscaba una regulación también de la empresa en el sector de televisión restringida (Proceso 1944).
Peralta admitió en conferencia de prensa en noviembre de 2013 que ya estaba “muy avanzado” el borrador de la iniciativa. A pregunta expresa de este reportero el funcionario admitió que el tema más difícil era la figura de la “concesión única” y no la regulación del “agente económico preponderante”.
Pero fue ampliamente rebasado por Lozano, Tejado y Castillejos, quienes incorporaron los últimos cambios entre febrero pasado y este mes.
No fue casual que el funcionario de la SCT cediera en varias partes de los borradores. En el artículo 16 transitorio de la iniciativa de Peña Nieto se rompió con el acuerdo de la reforma constitucional para que la fecha límite del “apagón analógico” sea el 31 de diciembre de 2015. La SCT incorporó que en algunos casos las transmisiones analógicas deberán finalizar “a más tardar el 31 de diciembre de 2017”, dos años más y vísperas de las elecciones de 2018.
Por su parte Castillejos jugó un papel fundamental en la elaboración y operación de la iniciativa. El artífice legal de las reformas constitucionales de 2013 también mantiene una buena relación con su primo y presidente de la Mesa Directiva del Senado, el priista Raúl Cervantes Andrade. (JENARO VILLAMIL, 1 DE ABRIL DE 2014, REPORTAJE ESPECIAL, REVISTA PROCESO. http://www.proceso.com.mx/?p=368601)
A decir de los dirigentes de los principales
partidos políticos de oposición, las propuestas enviadas por el presidente de
la República, Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión no favorecen una mayor
competencia en telecomunicaciones, ni fomentan la televisión y la radiodifusión
pública.
"Las iniciativas de nuevas leyes de telecomunicaciones y radiodifusión y
del sistema público de radiodifusión, enviadas hoy por el Ejecutivo al Congreso
de la Unión no reflejan el contenido de la reforma en ambas materias, publicada
el 19 de julio de 2013", señaló la panista Cecilia Romero Castillo.
Mientras la reforma constitucional sobre
telecomunicaciones se aprobó con más de dos tercios de los legisladores,
las leyes secundarias en la materia para su aprobación, podrían ser aprobadas
sólo con mayoría simple entre el PRI, Nueva Alianza y el Partido Verde.
El PAN y PRD consideran inadmisible que en estos proyectos de leyes se
desconozcan avances alcanzados y expresados en la Constitución del país. Varias
facultades del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones pretenden ser
reducidas o alojadas nuevamente en el Ejecutivo, como si no se hubieran
transferido al nuevo instituto en su carácter de órgano autónomo del Estado”,
dijo por su parte Jesús Zambrano.(http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/03/24/950347)
Por otro lado, especialistas en el tema también
consideraron que la iniciativa del presidente desconoce la Reforma en
telecomunicaciones. Raúl Trejo Delarbre, especialista en telecomunicaciones,
indicó que si la propuesta del Ejecutivo Federal es aprobada sin cambios
importantes, la ley reglamentaria en telecomunicaciones resultará
contradictoria con la Constitución vigente, lo que la hace candidata a una
andanada de peticiones de declaración de inconstitucional ante el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Trejo Delarbre, refirió que el sector actualmente se
encuentra en un momento crítico en materia normativa, pues aunque la aprobación
de la reforma constitucional dejó entrever que las fuerzas políticas del país
ya se habían puesto de acuerdo en este asunto, resulta desconcertante la
propuesta de leyes secundarias enviadas por el Ejecutivo Federal al Congreso de
la Unión.
Entrevistado en el noticiero "Atando Cabos", el analista indicó que
la propuesta de ley reglamentaria del presidente Enrique Peña Nieto, desconoce
decenas de normas de la reforma constitucional; no toma en cuenta a los medios
públicos; deja bajo el mando del gobierno al Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) que debería ser autónomo; privilegia a las televisoras
al establecer reglas de preponderancia más débiles en este sector.
Sin embargo, reconoció que "están muy bien las reglas para telefonía, pero
son notablemente laxas las que se establecen par las televisoras y consorcios
de radiodifusión, no hay derecho de las audiencias, el manejo de contenidos
queda en manos de Gobernación. Vaya, es una iniciativa de ley salpicada,
repleta de irregularidades."
Añadió que las citadas irregularidades, lo único que han
conseguido es hacer que el consenso alcanzado para esta reforma se haya perdido
por completo, por lo que el tema de las telecomunicaciones en nuestro país se
ha convertido nuevamente en un problema al que no se le ha dado una solución
adecuada para nuestro país.
En caso de que la propuesta del Ejecutivo Federal sea aprobada
sin cambios importantes, continuó, la ley reglamentaria en telecomunicaciones
resultará contradictoria con la Constitución vigente, lo que la hace candidata
a una andanada de peticiones de declaración de inconstitucional ante el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN). (http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=401195&idFC=2014)
Por su parte, la Asociación mexicana de investigadores de
la Comunicación A.C., mediante amplio documento enviado al poder ejecutivo
federal y al congreso de la unión fijó su postura con respecto a la iniciativa
de ley secundaria reglamentaria en materia de Telecomunicaciones.
Consideraron que dicha iniciativa de ley se aleja del
espíritu de la reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones y
radiodifusión publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Junio de
2013, tras décadas de atraso legislativo.
El colectivo dejó claro que los legisladores de todos los
partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, deberán aprobar en
el actual periodo legislativo de sesiones que concluye el 30 de abril una ley
convergente que garantice con certidumbre el desarrollo integral de los
sectores de Telecomunicaciones y Radiodifusión en los últimos lustros.
“México no puede volver a perder la oportunidad de
integrar a sus ciudadanos a la sociedad de la información y el conocimiento y
de ofrecerles las ventajas sociales de un sistema de medios de comunicación democráticos
acorde a las nuevas necesidades del país y el avance tecnológico… La iniciativa
de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se aleja de los principios
rectores de la Constitución en términos de servicio público de interés general,
derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación,
competencia, convergencia, pluralidad, cobertura universal y acceso libre sin
injerencias a las tecnologías y redes de comunicación… la iniciativa de ley
regula y reglamenta de manera insuficiente la reforma constitucional, e incluso
se opone a ella en diversos aspectos, con el riesgo del atraso digital, de las
tentaciones de control anti democrático de los medios y la censura, así como de
vulnerar los derechos fundamentales de la libertad de expresión, el derecho a
la información y derecho de acceso a las TIC´S”, consideró la Asociación.
En materia de telecomunicaciones, la propuesta del
Ejecutivo Federal regula de manera
desequilibrada y no simultánea (como señala el dictamen y la exposición de motivos de la reforma constitucional)
a los agentes económicos preponderantes
de telecomunicaciones (América
Móvil y Telmex) y radiodifusión (Televisa), dejando a este último sin controles
suficientes; subordina las facultades y atribuciones autónomas y técnicas
del Instituto Federal de Telecomunicaciones
(IFT) a las 3 secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Hacienda; admite que el IFT no defina sus propios mecanismos de
mejora regulatoria y de emisión de
lineamientos en materia de contenidos, señala el documento.
En materia de derechos, obliga a que el IFT delegue en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) su obligación de fomentar, promover y defender los derechos, quejas y
denuncias de las audiencias y
usuarios de telecomunicaciones, sin poder
mediar y sancionar las prácticas comerciales, tarifarias y
de deterioro en la calidad que atenten contra la debida
prestación del servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión; elude los derechos de las audiencias y de los usuarios
de los servicios de telecomunicaciones, dejándolos
en la indefensión por carecer de facultades
sancionatorias; llama a que
el IFT integre un Consejo Consultivo inoperante, sin auténticos mecanismos de
incidencia en la toma de decisiones
del Pleno del IFT, con cabida para los
representantes y cabilderos de los
operadores, pero sin espacio para especialistas
en comunicación, audiencias, contenidos mediáticos y convergentes y derechos humanos.
En materia de contenidos, la
iniciativa coloca la regulación y supervisión de los mismos, el cumplimiento en la transmisión de los tiempos oficiales,
de los encadenamientos nacionales y los boletines oficiales en manos de la Secretaría
de Gobernación, cuando se creó un organismo regulador
autónomo, competente, técnico y especializado en la materia; también abandona la regulación en materia de tiempos de
transmisión publicitaria y programación
destinada al público infantil bajo control de la principal secretaría política del país, cuando debiera ser facultad del
IFT, como ocurre en países avanzados
como Reino Unido o Francia.
En materia de radiodifusión y medios, la iniciativa
carece de reglas de propiedad cruzada de medios tan completas como lo marca la
constitución y no define límites
porcentuales o de otra índole a la concentración
de la propiedad mediática en canales de televisión abierta, señales de TV de paga,
estaciones de radio y medios impresos por localidad.
En materia de medios públicos y de uso social, se propone una ley que crea un Sistema Público de Radiodifusión subordinado políticamente a la Secretaría de
Gobernación en lugar de dotarlo de auténtica autonomía e independencia editorial, en
oposición a las mejores prácticas internacionales;
también discrimina y dificulta a los concesionarios públicos (medios públicos) y sociales (medios comunitarios e
indigenistas) para que adopten mecanismos de autofinanciamiento y
sustentabilidad financiera por presiones de los medios electrónicos privados.
En materia de comunicación e igualdad de género, esta iniciativa no promueve el derecho humano de las mujeres a comunicar, lo que involucra garantizar su acceso y participación paritaria en las
empresas de los sectores de telecomunicaciones
y radiodifusión, y en particular su influencia en los procesos de toma de decisión. Tampoco señala mecanismos que garanticen
la erradicación de estereotipos que promueven la
violencia de género en los contenidos mediáticos.
En términos de políticas
públicas, torna más errática la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) al posponer el “apagón analógico” de algunas estaciones de televisión hasta el 31 de diciembre de 2017, pero sin obligar al gobierno a
emitir una política pública clara
en la materia.
En materia
de Internet, soslaya la protección y salvaguarda de la identidad,
la privacidad y los datos personales
por parte de las empresas y portales de Internet (distintos de los concesionarios
de acceso a Internet), en
una era de espionaje gubernamental e infiltraciones de empresas
proveedoras de bienes y servicios que obtienen ingresos, a
partir del manejo poco escrupuloso de los datos personales.
Permite bloquear, inhibir y anular señales de telecomunicaciones con el riesgo
que conlleva para los derechos
de libertad de expresión y de manifestación. Para efectos de la neutralidad de redes, la iniciativa deja en indefinición
jurídica y en riesgo de penas judiciales a los usuarios que compartan a través de la red
contenidos y archivos de productos
simbólicos y culturales.
Mientras que la reforma constitucional de 2013 garantiza derechos humanos de nueva
generación, a través del servicio
público de Telecomunicaciones y radiodifusión y del
derecho de acceso a las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, la iniciativa de ley compromete su cumplimiento y
alcances.
La iniciativa de
ley y su objeto de regulación son de
interés general y por ello los abajo firmantes, miembros del Sistema Nacional de investigadores,
especialistas y pos graduados en materia de comunicación de diversas escuelas, facultades de comunicación y
universidades del país públicas y
privadas exhortamos al Congreso de la Unión, a las comisiones dictaminadoras de Comunicaciones y Transportes, de Radio,
Televisión y Cinematografía y de
Estudios Legislativos del Senado de
la República y a los partidos políticos a ajustar en todo lo necesario el texto de
la iniciativa de ley al sentido original de la reforma constitucional.
También hicieron un
llamado a los siete comisionados
que integran el Pleno del Instituto
Federal de Telecomunicaciones
para que en el contexto de
discusión de la iniciativa de ley secundaria defiendan las atribuciones, facultades y autonomía
técnica y de gestión constitucionales
del organismo regulador al cual
sirven, so pena de socavar el interés
público y el mandato de la Carta Magna en materia de derechos a la libertad de expresión, acceso a la información y
acceso a las TIC.
En el documento, los investigadores en comunicación consideraron que los legisladores y reguladores del sector
deben estar abiertos al conocimiento y experiencia en la materia de los científicos sociales del campo de
la comunicación y de esta forma
no sólo atender los intereses corporativos de los operadores.
