L.C. Isidoro Vázquez
El despido de la periodista Carmen Aristegui de la empresa MVS puso en la mesa un debate de temas que hasta ahora habían permanecido prácticamente intocados: La Libertad de expresión y el derecho de las audiencias en México.
Mucho se ha hablado y se ha escrito de la relación prensa-gobierno en México, y muchas cosas no han cambiado del viejo sistema político mexicano. Es obvio que éste sigue teniendo un control sobre los medios de comunicación. Fue muy notoria la injerencia de Los Pinos; es evidente que fue una reacción por el reportaje de la Casa Blanca. Aristegui fue despedida de la empresa con el argumento que utilizaba sin permiso notas de la empresa en su portal de Internet, cuando en realidad ella tenía autorización para hacerlo.
Podemos formular varias preguntas con respecto a este emblemático caso: ¿Puede un empresario de la comunicación, por ser el dueño de la estación de radio o de televisión censurar a un comunicador? Es evidente que no puede ni debe; sin embargo en la práctica sucede, y la mayoría de las veces no se sabe, como sucedió con el despido de Carmen Aristegui, que se convirtió en un verdadero escándalo, no sólo nacional sino internacional.
Si analizamos bien, el artículo 6o. de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho a la libertad de expresión, pero no hace ninguna excepción; es decir se puede asumir que la libertad de expresión debe prevalecer ante cualquier circunstancia. Por tanto, legalmente el concesionario, independientemente de qué tipo de relación laboral tenga con el periodista, no tiene derecho a censurarlo o a ejercer presión o represalia por sus ideas u opiniones sobre determinado tema. Ahora bien, lo que puede hacer la empresa-como de hecho muchas lo hacen- es dejar claro que los comentarios u opiniones que se hacen en determinado programa son responsabilidad de quienes lo producen y conducen, y no de la empresa; ésta puede dar su propio posicionamiento sobre el tema.
Por un lado tenemos el derecho de expresión de Carmen como periodista, y por el otro el derecho de las audiencias a poder escuchar, a ver, a leer al periodista de su preferencia, a alguien a quien le creen, quien les informa de manera oportuna y objetiva. Y hay que decirlo, Carmen es de los poquísimos periodistas en este país que goza de credibilidad y se conduce con profesionalismo. El propio Ombudsman de la empresa MVS, Gabriel Sosa Plata, reconoció que MVS no tomó en cuenta las miles de peticiones de los radioescuchas en apoyo de la periodista.
A casi seis meses de la salida de Aristegui de MVS, el poder judicial no ha hecho justicia, más bien se ha conducido tibio y titubeante; no se ha esmerado en proteger los derechos que se violaron en este caso.
